Por KATHIA GARCÍA
Todas las muertes en accidentes viales pueden prevenirse. Para evitar las 44 muertes que ocurren diariamente por esta causa en México, se creó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Al establecer velocidades máximas y alcoholímetro permanente, hacer obligatorio el uso del cinturón de seguridad, de asientos de retención infantil y de casco para motociclistas, y prohibir el uso del teléfono móvil, entre otras medidas, el nuevo ordenamiento ha sido bien recibido.
“Esta ley construye futuro —dice Laura Ballesteros, secretaria de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey—. Garantiza por primera vez una visión de ciudad muy distinta, orientada hacia las personas, segura. Una ciudad donde todos cabemos, donde todos tenemos el mismo derecho de acceso y de movernos en el vehículo que decidamos, donde podamos llegar vivos y sin lesiones a nuestros destinos. Es una ley que hace que podamos cambiar al mundo una calle a la vez”.
En una reivindicación de luchas locales, la Ley General de Movilidad le pone reglas al transporte. A partir de una política nacional, también hace responsable al gobierno federal de invertir en infraestructura sostenible. Se le aplaude el hecho de exigir acreditar un riguroso examen como requisito para obtener cualquier licencia. Se le critica dejar pendiente el seguro obligatorio para víctimas.
“Todo proyecto legislativo siempre es perfectible. Pero el mejor proyecto que se puede construir es el que genera consenso. Puedes tener uno perfecto en lo técnico, impecable en la implementación para la política pública, pero si no genera consenso entre las distintas visiones no va a llegar a ningún lado. Y esta ley tuvo consenso”, afirma Ballesteros.
Poner los recursos donde están los discursos
De acuerdo con Laura Ballesteros, la Ley General de Movilidad se construyó a lo largo de casi 20 años. La empezaron a impulsar distintos movimientos urbanos locales. Ya que la sociedad civil organizada no quitó el dedo del renglón, generó cambios en las leyes de algunas ciudades.
“La Ciudad de México y Jalisco fueron las primeras en tener una Ley de Movilidad aplicada a una entidad federativa. Después Colima, Coahuila y Nuevo León. Pero había un gran vacío por parte del gobierno federal para acompañar estos esfuerzos. Y si no se ponen los recursos donde están los discursos o la acción legislativa, no habrá manera de cambiar este paradigma”, indica.
Con la certeza de que la movilidad no debe orientarse al auto ni a modelos de desarrollo urbano dispersos, el camino señalado en la nueva ley es hacerla más compacta, multimodal y sostenible.
“Si no tienes presupuesto, no hay manera de avanzar. Las inversiones en infraestructura de transporte público son grandes y toman mucho tiempo. Por eso requieren trabajo y recursos federales. Estas conversaciones ya se pueden poner en la mesa gracias a la nueva ley”, considera Ballesteros.
Otro aspecto positivo de la Ley General de Movilidad, desde su punto de vista, es que brinda una visión nacional de movilidad y seguridad vial, con una inversión pública articulada, aunque cada ciudad tenga sus propias complejidades.
“Fomenta la gobernanza con el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. No había una política que generara el financiamiento por igual y de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Todo derivaba del contentillo del gobernante en turno. Esta ley estandariza el estatus de la movilidad en el país”, apunta Ballesteros.
La infraestructura crea cultura
La creación de la Ley General de Movilidad integró a gente de ideologías y sectores diversos. Desde políticos hasta activistas y empresarios, por lo que el manejo de la pluralidad fue un reto.
“Si no es por la senadora Patricia Mercado esta ley no sale. El mérito del cabildeo, de la negociación de la ley es de ella. El contenido, el tesón, la causa son de la sociedad civil organizada. Y hubo una voluntad no antes vista en el gobierno federal. Marca un hito en un país donde hoy nadie se pone de acuerdo”, opina Laura Ballesteros.
La funcionaria enfatiza que para lograr que la ley no sea letra muerta, el siguiente gran paso ocurrirá en el Congreso el próximo agosto. Se buscará garantizar recursos hacia las entidades federativas.
“Se requiere que este grupo diverso y plural se vuelva a organizar. Armonizar la regulación local para que esto baje no es fácil. Un ejemplo: en 2016 se aprobó la Ley General de Asentamientos Humanos en México, en 2022 solamente 40% de las entidades han armonizado el marco regulatorio de acuerdo a la ley”, explica.
Asimismo, Ballesteros advierte la necesidad de generar capacidad técnica e institucional al interior de los gobiernos. México se encuentra frente a un cambio total de normativa y conceptos, de la forma en que la calle se planea, diseña y construye. Sin embargo, no todos los estados tienen áreas de movilidad, espacio público y seguridad vial.
“La infraestructura crea cultura. En la medida en que esta ley se vea expresada en la calle, con mejor infraestructura, cambiará la calle y la dinámica en la ciudad. No encuentro un lugar más perfecto para el ejercicio de todos los derechos que la calle, porque es de acceso universal”, señala.
Una ley nacional que le abona al futuro
Para Laura Ballesteros, con la Ley General de Movilidad se debe evitar caer en el error de monopolizar las decisiones. Porque la clave de su éxito está en que más personas puedan sumarse a la iniciativa.
“El futuro no es como nos lo han querido plantear en términos de autos voladores, robots y edificios de 400 pisos, a la Blade Runner. El futuro es mucho más parecido a lo que hoy se está construyendo, donde el espacio público es verde, plural, compartido, seguro. El futuro está en donde el divorcio entre la movilidad y el desarrollo urbano deje de existir. Lo veo muy cercano y con mucha tecnología involucrada. Esta ley abona al futuro. Aspira a que haya lineamientos nacionales y regionales, donde los gobiernos metropolitanos jueguen un papel fundamental”, concluye.
“Era algo que teníamos que tener y que facilita la acción pública —comenta Gonzalo Peón, director del Programa México, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés)—. La Ley General de Movilidad es la base para resolver uno de los problemas más importantes que se tienen para aplicar la ley y los reglamentos de tránsito en los estados”.
La necesidad de homologar y compartir información
Gonzalo Peón reflexiona sobre la inexistencia de una base de datos unificada o de acuerdos institucionales suficientes entre los estados, municipios y federación. Ello hace imposible dar seguimiento a las violaciones de tránsito. Por ejemplo, una persona con placas del Estado de México puede ir a Jalisco sin que las fotoinfracciones apliquen para ella.
“Realmente no tienes incentivos para cumplir la ley. En la seguridad vial, la prevención recae sobre tres pilares. Uno de ellos es la infraestructura, otro es la cultura de movilidad y otro es la aplicación de la ley. Esperemos que con la Ley General esta barrera poco a poco se vaya borrando”, puntualiza.
Tomando como Europa, donde existen placas y licencias de conducir por país, si hubiera un tratado para reconocer la licencia mexicana, Peón se pregunta ¿cuál sería, la de Michoacán, la de Jalisco, la de Ciudad de México? Una debilidad que encuentra en la Ley General.
“Hay lugares donde haces un examen para conducir, lugares donde no. Esta ley va a sentar las bases para que este tipo de acciones se vayan homologando y se pueda compartir la información. En el sentido de salvar vidas, a todo el mundo le conviene. La ley empuja a que esto ocurra”, observa.
Peón confiesa que le habría gustado que se creará una agencia de seguridad vial nacional con buena capacidad y relativamente independiente. Algo parecido al Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica o de la Dirección General de Tránsito de España.
“Muchas veces, cuando se crean estas leyes generales no están listas todas las oficinas para tener las atribuciones. Esto está tratando de ser paliado con la participación de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Seguridad Pública y de Salud”, asegura.
“Implementar la ley es un proceso paulatino. Permitirá revisar y reformar leyes de movilidad y transporte en los estados. Inclusive se puede aprovechar para retomar algunos elementos de la Ley General de Asentamientos Humanos, que también tiene un capítulo dedicado a la movilidad”, agrega.
El peatón en el centro de la movilidad
En el país hay un déficit gigante de inversión en infraestructura peatonal. Gonzalo Peón especifica que esta situación suele ser más evidente en ciudades del norte, donde se ven arroyos vehiculares de cinco carriles y banquetas de 50 centímetros. Por ello, se tendría que incentivar una redistribución espacial, acompañada de una mayor inversión en infraestructura.
“Al final, todas y todos somos peatones. Incluso las personas que van en auto, cuando se bajan, son peatones. Y los desplazamientos a pie, en silla de ruedas, son lo más básico. Se ha dicho poco, pero recientemente se reformaron las normas para la construcción de vivienda del Infonavit. Éstas indicaban que tenía que haber superficie con pavimento hasta llegar a la casa, pero no indicaba que tenía que haber banquetas. Se necesita mucha mejor infraestructura y mucha mayor inversión al respecto”, subraya.
En el caso del transporte público, sugiere Peón, es necesario pensar en las mejores opciones para cada lugar. En este aspecto puede variar bastante el tipo de solución que se debe hacer, tanto por el tamaño de la ciudad, de la población, la forma urbana y las arquitecturas de viaje.
“Depende mucho contra quien nos comparemos, pero yo diría que estamos atrás de Chile, que en América Latina es de los que más han venido invirtiendo en movilidad sostenible, principalmente en buses y en sistemas de riel. En la parte peatonal hay algunas ciudades colombianas que han destacado mucho, y también en sistemas de buses. Igual que en Brasil”, declara.
Finalmente, destaca el esfuerzo de algunas ciudades mexicanas que están invirtiendo en movilidad peatonal y en bicicleta. Guadalajara, Ciudad de México y recientemente Monterrey han anunciado planes ambiciosos, por ejemplo, para tener infraestructura de bici a nivel metropolitano.
Si bien se celebra que estas acciones empiezan a ocurrir, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es la oportunidad para que no haya altos en el camino hacia una movilidad amigable con el medio ambiente. Una ruta que necesita transitarse más para procurar el bienestar general de los mexicanos.