Al menos desde 2019, la movilidad en México es considerada como un derecho, garantizado por una reforma constitucional aprobada por la Cámara de Senadores. Gracias a esa reforma se creó la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial con la que se asegura que todas las personas puedan moverse con seguridad, equidad, accesibilidad y, sobre todo, en igualdad de oportunidades. Lo que ahora hace falta de atender es que su funcionamiento sea eficaz.
Solo ciudades de estados como Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa o Quintana Roo, incluso la misma CDMX, reconocían la movilidad como un derecho fundamental. En el resto de la República no había, hasta hace poco, esfuerzos por hacerlo.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2019 al menos 4,125 personas murieron debido a un accidente de tránsito en zonas urbanas y suburbanas luego de un total de 362, 586 accidentes. Hay que decir que la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es, según el INEGI, la entidad con más accidentes de tránsito, estableciéndose entre los 20,056 hasta los 76,930 accidentes anuales.
Esto, por muy doloroso que resulte, quiere decir que las actuales leyes no están considerando lo peligroso que resulta la falta de regulación para la movilidad automovilística. Al priorizar este tipo de transporte, los tomadores de decisiones se olvidan de quienes habitan las calles, personas que caminan a diario o que utilizan otras formas de transitar, en bicicleta, por ejemplo; condenándolos a pasar por lugares que no están diseñados para ellos, provocando accidentes y muertes que no deberían suceder de ninguna forma.
Es por eso que la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por unanimidad en diciembre de 2020, contempla la reforma de los artículos constitucionales 4º, 73, 115 y 122. Ésta se trata del logro de cinco años de organizaciones civiles para la seguridad de todos los transeúntes, así como del seguimiento de la Nueva Agenda Urbana de la ONU y de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable. Se prevé que esta ley ayude a los municipios a formular, aprobar y administrar diversos programas de desarrollo urbano, armonizando lo correspondiente en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
La importancia de esta ley es, precisamente, mejorar la vida de las personas que a diario habitan las calles de las distintas ciudades mexicanas. Visibilizar las condiciones en las que se encuentra el transporte público para hacerlo mucho más eficiente y eficaz, así como procurar el tránsito seguro por diversas zonas urbanas. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, declarando la movilidad como derecho humano se busca que sea universal, progresivo e interdependiente del resto de los derechos. Una cuestión inalienable al ser humano, que no se puede arrebatar y que, sobre todas las demás cosas, se debe garantizar.